Más tarde, las hermanas tuitearon que habían ido a El Salvador para continuar su misión de servir a los necesitados.
El fundamento esgrimido para la decisión de apoderarse del convento fue que la congregación “incumplió con sus obligaciones” al no informar sus últimos estados financieros y porque el mandato de su junta directiva había vencido en febrero de 2021.
El ministerio dijo que ahora es responsabilidad de la oficina del fiscal general transferir los bienes de la congregación, incluido el convento, al estado.
“Es arbitraria la medida adoptada contra las hermanas, a lo que ahora le suman la confiscación de sus inmuebles”, lamentó Molina.
En declaraciones a ACI Prensa, socio de noticias en español de CNA, Molina señaló que “la Constitución Política de Nicaragua prohíbe el decomiso, pero ya se ha convertido en una práctica común bajo la dictadura, al igual que en la década de 1980”.
Las Hermanas de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo llegaron a Nicaragua en 2016 desde Brasil, donde fueron fundadas por el Padre Gilson Sobreiro. También están presentes en Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
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